Cayo Lara reclama que “cada partido incluya en su programa electoral su propuesta sobre pensiones para que los votantes decidan”
Tacha de “barbaridad” que se pretenda elevar de 35 a 41 los años que se deben cotizar para tener derecho a la pensión máxima porque “se si hace así nadie en España va a poder alcanzarla porque deberá trabajar desde los 24 a los 65 sin perder un solo día”.
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha denunciado hoy que “la reforma de las pensiones no estaba en los programas electorales de los partidos políticos, ni en el del partido que sustenta al Gobierno, ni en el de los demás. Por tanto, desde IU entendemos que para hablar de esta reforma que ahora quieren aplicar con urgencia es fundamental que antes se incorpore en las propuestas de los partidos políticos de cara a las siguientes elecciones generales. De esta forma podría haber un debate real y los votantes podrán tomar nota”.
En la rueda de prensa ofrecida hoy en la sede federal de IU, acompañado por el secretario federal de Comunicación, Gregorio Gordo, Lara ha precisado que nadie del Gobierno no se ha puesto en contacto hasta ahora con ningún miembro de su formación para abordar la negociación de un supuesto pacto sobre el sistema de pensiones, en contra de lo anunciado la semana pasada desde Moncloa.
Ratificó que este debate está dando en “el momento más inoportuno de la historia” y debería hablarse de ello “cuando pase la crisis y haya una situación de normalidad laboral en este país”.
El máximo responsable de Izquierda Unida aseguró que su formación “no va a estar en ningún pacto social que aumente la edad de jubilación o que suponga recortes actuales o futuros a las pensiones. Para IU, es una ‘línea roja’ elevar los 65 años legales de jubilación, es una ‘línea roja’ aumentar el periodo de cálculo y es una ‘línea roja’ subir hasta 41 años el periodo de años de cotización para tener la pensión máxima como plantea el Gobierno. No quedan más huecos para la negociación porque estos son los tres ejes fundamentales que ha planteado el Gobierno”.
En su opinión, esa propuesta para elevar de 35 a 41 años el periodo de cotización que da derecho a la pensión máxima “es una barbaridad” y advirtió que, de ser así, “una persona tendría que entrar a trabajar a los 24 años y estar trabajando hasta los 65 años sin perder un solo día para poder tener una pensión máxima. Si se hace así nadie va a tener en España dentro de unos años la pensión máxima en función de sus cotizaciones”.
“Desde Izquierda Unida –señaló- seguimos pensando que hay recursos suficientes para no tener que tocar a la baja el sistema de pensiones de este país. Los datos nos dicen que 2010 se ha cerrado con más de 10.000 millones de superávit en las cuentas de la Seguridad Social, y se podrían ingresar más recursos si volviéramos al nivel de empleo que teníamos en el año 2008, antes de empezar la crisis”. También se avanzaría “equiparando el salario de las mujeres al de los hombres y si los becarios que ahora trabajan en condiciones precarias empezaran a cotizar a la Seguridad Social”.
Cayo Lara considera que los objetivos “únicos y exclusivos del Gobierno” en lo que respecta a la reforma del sistema de pensiones son “conseguir más recursos para pagar la deuda de los bancos y las cajas, y fortalecer los planes privados de pensiones”.
Sobre las negociaciones que mantiene el Gobierno con sindicatos y patronal, criticó que se vincule la reforma del sistema de pensiones con la reforma laboral y aclaró que si los representantes sindicales logran “conquistas importantes en sentido contrario a lo que pretende el Gobierno, sin duda que Izquierda Unida las valorará a la hora de ver un posible acuerdo”.
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23.2.10
En defensa de las pensiones. Manifestación 24 de febrero
sindicatos
Manifestación
MIERCOLES 24 de Febrero
a las 19.30 horas
Salida desde Paseo de la Victoria (Frente a Cruz Roja)
CONTRA EL RETRASO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN
ACUDE
15.2.10
4.2.10
Hasta que el cuerpo aguante
*
Concha Caballero ha publicado este artículo en El País, a propósito del proyecto de gobierno de ampliar a 67 años la edad de jubilación.
No hacen falta comentarios
En la última película de Michael Moore, el cineasta hace acordonar Wall Street con la conocida cinta amarilla policial, como el lugar donde se cometió el crimen de esta terrible crisis económica. No hay delito que se haya cometido más a la vista de la humanidad. Conocemos sus lujosas guaridas, su modus operandi, sus cómplices en los gobiernos mundiales, pero no serán castigados. Ya han olvidado las leves amonestaciones iniciales y vuelven a alzar la vista, altivos y prepotentes.
No habrá ninguna revisión ética del capitalismo, ni refundación que te pintó, solo más paro, peores salarios y recorte de pensiones. Se retoman las mismas ideas que nos condujeron a la crisis y se defienden con un cinismo universal, totalitario.
La patronal española propone retrasar la edad de jubilación hasta los 69 años. El gobierno responde con contundencia para –a los pocos días- plantear una medida similar. Sólo dos años, e idéntico criterio, separan las posiciones reaccionarias y ultramontanas de la patronal de las de un gobierno que afirmó que en ningún caso consentiría recortes sociales. Es fácil entender a la patronal: la seguridad social les trae al pairo, lo que quieren es alimentar los seguros privados y reducir su contribución. En la práctica, ellos son partidarios de jubilar a los trabajadores con cincuenta años, a costa del Estado, y lo han demostrado de norte a sur por toda la geografía hispana.
La bahía de Cádiz, el entorno industrial de Sevilla, el textil de Málaga y la zona industrial de Linares exhiben las heridas de esta batalla incruenta. Miles de trabajadores de Astilleros, de Delphi, de Gillette, de Intelhorce, de Santana, de Tabacalera han sufrido en sus carnes estas prejubilaciones llamadas voluntarias, pero impuestas a sangre y fuego y escritas con tinta de derrota.
También puede darnos testimonio sobre los efectos de retrasar la jubilación, cualquier persona parada con más de cuarenta y cinco años que sufre el calvario de puertas cerradas y respuestas evasivas por una ley no escrita según la cual a partir de esa edad no tiene entrada en el mercado laboral. Por eso, el gobierno, antes de apuntarse al carro de los recortes sociales, debería dar a conocer una lista de empresas y actividades dispuestas a contratar o mantener a sus trabajadores hasta los sesenta y siete años.
La medida del retraso de la jubilación es toda una declaración de impotencia, de falta de autoridad y de ideas. Es muy fácil imponerse a los más débiles. Lo difícil es hacer cambios que garanticen el sistema social. Lo difícil es aumentar la cotización por la vía de reducir la precarización escandalosa del mercado laboral español y no digamos ya del andaluz. Lo complicado es perseguir el fraude del IVA que en comunidades como Andalucía más bien parece un impuesto voluntario. Lo comprometido es conseguir la tasa de actividad de las mujeres en el mercado laboral se acerque a los países desarrollados de Europa y aumenten así en varios millones el número de cotizantes. Lo importante es invertir en servicios de proximidad, en conciliación de la vida laboral y en todo aquello que alimente la empleabilidad y la formación del mercado laboral. Lo complicado, finalmente, es hacer aflorar ese treinta por ciento de economía sumergida que no cotiza a la seguridad social ni a Hacienda y que solucionaría una buena parte de los problemas de recaudación actuales.
Sólo Alemania ha contemplado una medida similar. Sus sueldos y pensiones, según las últimas estadísticas, son justo el doble de las españolas con unos precios similares. En una comunidad como Andalucía con setecientos euros de pensión media y un tercio de personas que no alcanzan las contribuciones necesarias para entrar al sistema, esta reforma solo logrará empobrecernos aún más y aumentar la tentación de guardar el dinero de los impuestos en un calcetín, al parecer mucho más seguro y rentable que la seguridad social del futuro.
Concha Caballero ha publicado este artículo en El País, a propósito del proyecto de gobierno de ampliar a 67 años la edad de jubilación.
No hacen falta comentarios
En la última película de Michael Moore, el cineasta hace acordonar Wall Street con la conocida cinta amarilla policial, como el lugar donde se cometió el crimen de esta terrible crisis económica. No hay delito que se haya cometido más a la vista de la humanidad. Conocemos sus lujosas guaridas, su modus operandi, sus cómplices en los gobiernos mundiales, pero no serán castigados. Ya han olvidado las leves amonestaciones iniciales y vuelven a alzar la vista, altivos y prepotentes.
No habrá ninguna revisión ética del capitalismo, ni refundación que te pintó, solo más paro, peores salarios y recorte de pensiones. Se retoman las mismas ideas que nos condujeron a la crisis y se defienden con un cinismo universal, totalitario.
La patronal española propone retrasar la edad de jubilación hasta los 69 años. El gobierno responde con contundencia para –a los pocos días- plantear una medida similar. Sólo dos años, e idéntico criterio, separan las posiciones reaccionarias y ultramontanas de la patronal de las de un gobierno que afirmó que en ningún caso consentiría recortes sociales. Es fácil entender a la patronal: la seguridad social les trae al pairo, lo que quieren es alimentar los seguros privados y reducir su contribución. En la práctica, ellos son partidarios de jubilar a los trabajadores con cincuenta años, a costa del Estado, y lo han demostrado de norte a sur por toda la geografía hispana.
La bahía de Cádiz, el entorno industrial de Sevilla, el textil de Málaga y la zona industrial de Linares exhiben las heridas de esta batalla incruenta. Miles de trabajadores de Astilleros, de Delphi, de Gillette, de Intelhorce, de Santana, de Tabacalera han sufrido en sus carnes estas prejubilaciones llamadas voluntarias, pero impuestas a sangre y fuego y escritas con tinta de derrota.
También puede darnos testimonio sobre los efectos de retrasar la jubilación, cualquier persona parada con más de cuarenta y cinco años que sufre el calvario de puertas cerradas y respuestas evasivas por una ley no escrita según la cual a partir de esa edad no tiene entrada en el mercado laboral. Por eso, el gobierno, antes de apuntarse al carro de los recortes sociales, debería dar a conocer una lista de empresas y actividades dispuestas a contratar o mantener a sus trabajadores hasta los sesenta y siete años.
La medida del retraso de la jubilación es toda una declaración de impotencia, de falta de autoridad y de ideas. Es muy fácil imponerse a los más débiles. Lo difícil es hacer cambios que garanticen el sistema social. Lo difícil es aumentar la cotización por la vía de reducir la precarización escandalosa del mercado laboral español y no digamos ya del andaluz. Lo complicado es perseguir el fraude del IVA que en comunidades como Andalucía más bien parece un impuesto voluntario. Lo comprometido es conseguir la tasa de actividad de las mujeres en el mercado laboral se acerque a los países desarrollados de Europa y aumenten así en varios millones el número de cotizantes. Lo importante es invertir en servicios de proximidad, en conciliación de la vida laboral y en todo aquello que alimente la empleabilidad y la formación del mercado laboral. Lo complicado, finalmente, es hacer aflorar ese treinta por ciento de economía sumergida que no cotiza a la seguridad social ni a Hacienda y que solucionaría una buena parte de los problemas de recaudación actuales.
Sólo Alemania ha contemplado una medida similar. Sus sueldos y pensiones, según las últimas estadísticas, son justo el doble de las españolas con unos precios similares. En una comunidad como Andalucía con setecientos euros de pensión media y un tercio de personas que no alcanzan las contribuciones necesarias para entrar al sistema, esta reforma solo logrará empobrecernos aún más y aumentar la tentación de guardar el dinero de los impuestos en un calcetín, al parecer mucho más seguro y rentable que la seguridad social del futuro.
31.1.10
El Gobierno traspasa la 'línea roja' con su 'pensionaza' en lo que supone el mayor ataque a los derechos de los trabajadores
l
El responsable de Economía y Trabajo de IU señala que esto se produce “en un contexto en el que el paro supera los 4,3 millones de desempleados, tras destruirse en 2009 1,2 millones de puestos de trabajo.
+
Madrid, 29 de enero de 2010
El responsable de Economía y Trabajo
de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, ha denunciado que “el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero traspasa la ‘línea roja’ con el ‘pensionazo’ anunciado, que supone el mayor ataque a los derechos de los trabajadores”.
“Con su reforma de las pensiones –señala- el Ejecutivo socialista quiere expropiar los salarios y las cotizaciones sociales de los trabajadores. Ha decidido que la crisis la paguen sólo los que trabajan y los parados, dejando a éstos a un lado para preocuparse más de la cara que el gran capital y los mercados le ponen en Davos y en las futuras citas internacionales a las que acuda”.
García Rubio advierte de que “eso ocurre cuando la Encuesta de Población Activa muestra que se han destruido en 2009 más de 1.200.000 puestos de trabajo, la cifra más alta desde que comenzaron a elaborarse este tipo de datos, en 1976”.
Añade que “una reforma de este tipo ha contado y contará con el rechazo total de Izquierda Unida en la Comisión del Pacto de Toledo, en el Parlamento y en la calle. Es la hora de la movilización si el Gobierno mantiene sus proyectos. Estas medidas, además de ser injustas, son completamente innecesarias y van en el sentido contrario del que sería conveniente para salir de la crisis lo antes posible”.
Para el dirigente federal de IU, “las pensiones públicas no están en riesgo y si son necesarias medidas para consolidar aún más el futuro de nuestra Seguridad Social, primero el Gobierno debería cumplir con sus compromisos financieros con la Seguridad Social de reducir drásticamente la economía sumergida (que hace posible que, al menos, 800.000 trabajadores no coticen) o de acabar con el fraude, por ejemplo, cuando las empresas despiden al llegar el mes de vacaciones para que se encarga de su pago el INEM. Está pendiente también que se eliminen la mayor parte de las subvenciones a las empresas para la creación de empleo que no han dado ningún resultado significativo, así como de tomar medidas como la elevación del tope máximo de cotización empresarial para los altos salarios hasta acercar las cotizaciones a la proporcionalidad con los salarios reales. Hoy cotiza exactamente la misma cantidad quien gana 38.000 euros al año que quien gana cualquier salario que esté por encima de esa cifra”.
El responsable de Economía y Trabajo de IU anuncia que “Izquierda Unida presentará en los próximos días una serie de propuestas sobre estas cuestiones y las defenderá en la Comisión del Pacto de Toledo. Hablaremos de nuevo con los sindicatos para estudiar con ellos las alternativas que sean más convenientes ante la situación planteada por este ataque del Gobierno a las pensiones”.
La reducción del gasto público, una medida demagógica e ineficaz
Por otra parte, José Antonio García Rubio considera que “el recorte del gasto público es una medida demagógica e ineficaz que hará que la salida de la crisis tarde aún más. El Gobierno sigue sin entender que estamos ante una crisis de demanda y que sólo el aumento del consumo privado, de la inversión y del gasto público podrán contribuir a la mejora”.
“Cuando hay que crear empleo, mejorar los servicios sociales y aumentar la inversión es inaceptable hablar de recorte del gasto público –se interroga- ¿de dónde van a recortar si el paro sigue aumentando? ¿De dónde van a recortar si hay que financiar la reforma del sistema educativo y dar un empujón al I+D+i? ¿De dónde van a recortar si se han comprometido con la FEMP a resolver el problema de la financiación local antes de que termine 2010?”
Para García Rubio, “la solución no está en reducir el gasto público sino en incrementar la recaudación fiscal mediante medidas fiscales progresivas. Pero el Gobierno se niega a tocar a las altas rentas de capital, a las grandes fortunas, a los más ricos. Es posible que sea preciso racionalizar el gasto, pero nunca disminuirlo. IU está dispuesta a aportar alternativas en esta dirección: aumentar el gasto en empleo público, en servicios sociales, en apoyo a la inversión productiva y disminuirlo en externalizaciones, subcontrataciones, privatizaciones y en otros gastos ineficientes”.
El responsable de Economía y Trabajo de IU señala que esto se produce “en un contexto en el que el paro supera los 4,3 millones de desempleados, tras destruirse en 2009 1,2 millones de puestos de trabajo.
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Madrid, 29 de enero de 2010
El responsable de Economía y Trabajo
de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, ha denunciado que “el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero traspasa la ‘línea roja’ con el ‘pensionazo’ anunciado, que supone el mayor ataque a los derechos de los trabajadores”.“Con su reforma de las pensiones –señala- el Ejecutivo socialista quiere expropiar los salarios y las cotizaciones sociales de los trabajadores. Ha decidido que la crisis la paguen sólo los que trabajan y los parados, dejando a éstos a un lado para preocuparse más de la cara que el gran capital y los mercados le ponen en Davos y en las futuras citas internacionales a las que acuda”.
García Rubio advierte de que “eso ocurre cuando la Encuesta de Población Activa muestra que se han destruido en 2009 más de 1.200.000 puestos de trabajo, la cifra más alta desde que comenzaron a elaborarse este tipo de datos, en 1976”.
Añade que “una reforma de este tipo ha contado y contará con el rechazo total de Izquierda Unida en la Comisión del Pacto de Toledo, en el Parlamento y en la calle. Es la hora de la movilización si el Gobierno mantiene sus proyectos. Estas medidas, además de ser injustas, son completamente innecesarias y van en el sentido contrario del que sería conveniente para salir de la crisis lo antes posible”.
Para el dirigente federal de IU, “las pensiones públicas no están en riesgo y si son necesarias medidas para consolidar aún más el futuro de nuestra Seguridad Social, primero el Gobierno debería cumplir con sus compromisos financieros con la Seguridad Social de reducir drásticamente la economía sumergida (que hace posible que, al menos, 800.000 trabajadores no coticen) o de acabar con el fraude, por ejemplo, cuando las empresas despiden al llegar el mes de vacaciones para que se encarga de su pago el INEM. Está pendiente también que se eliminen la mayor parte de las subvenciones a las empresas para la creación de empleo que no han dado ningún resultado significativo, así como de tomar medidas como la elevación del tope máximo de cotización empresarial para los altos salarios hasta acercar las cotizaciones a la proporcionalidad con los salarios reales. Hoy cotiza exactamente la misma cantidad quien gana 38.000 euros al año que quien gana cualquier salario que esté por encima de esa cifra”.
El responsable de Economía y Trabajo de IU anuncia que “Izquierda Unida presentará en los próximos días una serie de propuestas sobre estas cuestiones y las defenderá en la Comisión del Pacto de Toledo. Hablaremos de nuevo con los sindicatos para estudiar con ellos las alternativas que sean más convenientes ante la situación planteada por este ataque del Gobierno a las pensiones”.
La reducción del gasto público, una medida demagógica e ineficaz
Por otra parte, José Antonio García Rubio considera que “el recorte del gasto público es una medida demagógica e ineficaz que hará que la salida de la crisis tarde aún más. El Gobierno sigue sin entender que estamos ante una crisis de demanda y que sólo el aumento del consumo privado, de la inversión y del gasto público podrán contribuir a la mejora”.
“Cuando hay que crear empleo, mejorar los servicios sociales y aumentar la inversión es inaceptable hablar de recorte del gasto público –se interroga- ¿de dónde van a recortar si el paro sigue aumentando? ¿De dónde van a recortar si hay que financiar la reforma del sistema educativo y dar un empujón al I+D+i? ¿De dónde van a recortar si se han comprometido con la FEMP a resolver el problema de la financiación local antes de que termine 2010?”
Para García Rubio, “la solución no está en reducir el gasto público sino en incrementar la recaudación fiscal mediante medidas fiscales progresivas. Pero el Gobierno se niega a tocar a las altas rentas de capital, a las grandes fortunas, a los más ricos. Es posible que sea preciso racionalizar el gasto, pero nunca disminuirlo. IU está dispuesta a aportar alternativas en esta dirección: aumentar el gasto en empleo público, en servicios sociales, en apoyo a la inversión productiva y disminuirlo en externalizaciones, subcontrataciones, privatizaciones y en otros gastos ineficientes”.