Un informe elaborado por la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz sobre ordenación del territorio y urbanismo recomienda a los responsables políticos la necesidad de abordar "con carácter urgente" una reforma del Código Penal que permita perseguir "más eficazmente" los delitos urbanísticos.
El informe, entregado ayer por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, a la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves, pone de manifiesto que a partir de experiencias compartidas con la red de fiscales medioambientales de Andalucía, se han evidenciado "no pocas imprecisiones técnicas y lagunas" en el actual Código Penal relativos a los delitos contra el territorio. La Oficina del Defensor del Pueblo recomienda a los ayuntamientos y a la Administración autonómica que den cuenta a la justicia de todas aquellas construcciones y edificaciones no autorizadas que se lleven a cabo en suelo no urbanizable, en la medida que se trate de hechos reveladores de conductas presuntamente delictivas.
Igualmente, plantea que si no se deduce ningún delito de estas denuncias los ayuntamientos deben investigar si se han producido "infracciones urbanísticas" y respetando las decisiones judiciales, se incoen o continúen tramitando los expedientes sancionadores y/o de restitución de la legalidad urbanística en los supuestos en que sea procedente.
En el documento se plantea que en los procedimientos en los que las administraciones públicas sean parte demandante, como norma general, soliciten la demolición "de lo indebidamente construido", salvo que por aplicación del principio de proporcionalidad u otros motivos justificados legalmente, no lo consideren procedente.
El informe reclama que los ayuntamientos impidan que, al amparo de las licencias para la construcción de "casas de apero" o edificios similares, se construyan viviendas para uso residencial "violando, tal y como ocurre con frecuencia en la comunidad, la legalidad urbanística".
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